Por Johanán León
Mientras la fiebre electoralista de cara al 2014 parece
colmar el ambiente, crecen los anuncios
de desaceleración de la economía costarricense que varios medios pro
empresariales han difundido, y poco se ha dicho acerca de los cientos de
trabajadores que comienzan a sufrir en carne propia los efectos de la crisis
capitalista al mejor estilo del año 2008.
Hasta ahora el caso más contundente ha sido el de los más de
500 trabajadores despedidos por la patronal de la empresa textil Jockey en
Aserrí, quienes tras años de explotación intensiva le generaron cuantiosas
ganancias a estos empresarios, y tras el cierre de la fábrica y el despido
masivo de la planilla han pasado a engrosar el ejército de desocupados del país.[1]
Pocas semanas después se anunciaría el cierre de la
subsidiaria de Faber Castell en Costa Rica ubicada en la Zona Sur del país y el
despido de los 120 trabajadores que sostenían la producción.[2]
La conocida transnacional Dole también anunció el despido de
60 trabajadores en la zona de Limón, contando con la complicidad de algunos
burócratas sindicales de la CTRN (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum)[3].
Por si todo esto fuera poco, en las últimas semanas se
conoció el despido masivo de 261 trabajadores de la empresa Avianca-Taca, tras
la decisión de la compañía de cerrar varios vuelos directos.[4]
Primeros ejemplos de lucha obrera: Finca Matas de Costa Rica,
Agrícola Agromonte y Bandeco
No en todos los casos sin embargo los ataques y amenazas han
quedado sin respuesta.
Los brutales desalojos de la Fuerza Pública sobre cerca de
500 familias, perpetrados a principios de año en Siquirres (Limón) respondieron
a un intento del gobierno por aplastar la lucha de los trabajadores de Finca
Matas de Costa Rica, quienes ante los despidos
y los más de ¢4,000 millones que les adeudaba la empresa decidieron
tomar la finca como pago.
Aún con la brutal represión optaron por no retroceder, y
continuaron la lucha con acciones como los bloqueos en la vía a Limón que
después de varias semanas obligaron al gobierno a intervenir para frenar el
conflicto y evitar que escalara y tuviera mayor repercusión de la que ya iba
alcanzando. Las demandas de los trabajadores aún siguen pendientes.
En otra escala está el ejemplo de los trabajadores de la
Agrícola Agromonte en San Carlos, quienes ante las brutales condiciones
laborales y los ritmos de producción impuestos por la empresa, optaron resueltamente
por realizar una huelga indefinida. El desenlace no fue el mismo que en Matas
de Costa Rica, pues la empresa luego de esta importante acción despidió a 25
trabajadores, a quienes consideraba los principales dirigentes del movimiento
intentando amedrentar al resto de trabajadores frente a futuras acciones de
lucha.
El caso más reciente es el de los 600 trabajadores de la
empresa Bandeco en Sixaola que desde hace varias semanas se mantienen en huelga
tras el despido de 59 de ellos y la amonestación a más de 160; todo en un
proceso dirigido a deshacerse de los principales impulsores de la huelga que
desarrollaron en el 2011 y que terminó imponiendo una convención colectiva y la
creación de su sindicato. De esta forma las intenciones de la patronal por
tener las manos libres para efectuar nuevos ataques, se han topado con una
importante respuesta obrera. [5]
La crisis capitalista como telón de fondo
El factor común de estos conflictos obreros no es otro que
el reinicio de la crisis capitalista y sus efecto sobre la vulnerable y
dependiente economía costarricense.
A nivel del sector privado quizá uno de los datos que
refleja más claramente la dinámica actual es la caída de la Inversión
Extranjera Directa en un 21% al cierre del 2012 (una quinta parte!), con el
consecuente impacto en el flujo de inversión de las empresas transnacionales
afincadas en regímenes en zona franca.[6]
Si a lo anterior se añade que el porcentaje de desempleo (según
las cifras oficiales) redondea el 10% de la población con posibilidades de
trabajar, mientras que 200,000 trabajadores reportan a la CCSS menos del
salario mínimo[7] (ya de por sí de hambre y dejando por fuera a
los miles que sufren la precarización del trabajo informal), así como que el
salario promedio se encuentra estancado hace más de 30 meses según datos del
INEC; puede deducirse que el desempleo y la precarización comienzan a ser la
receta que ofrecen los empresarios para preservar e incrementar sus ganancias.
Sin embargo hay que tomar en cuenta el creciente déficit
fiscal que acumula el gobierno y que se dispara crecientemente por las
abismales exoneraciones y subsidios a empresarios, los multimillonarios pagos
de deuda interna y externa, y por supuesto una multimillonaria cifra destinada
al fortalecimiento represivo. Esto es lo que ha venido motorizando los llamados
“planes de austeridad” de Chinchilla, que desde hace meses están en marcha y
profundizándose, y que implican crecientes recortes de presupuesto como ya se
refleja en la salud pública, la educación, y en instituciones como el ICE donde
los ataques a las condiciones laborales son crecientes.
El escenario actual es aún más grave, pues lo anterior
configura condiciones completamente distintas a las que tenía la burguesía en el 2009 para intentar
maniobrar: hoy no existe ni por asomo superávit fiscal del cual echar mano
(como hicieron al transferirlo a las empresas vía créditos), tampoco está a la
vista la posibilidad de establecer fuentes de ingresos frescos como intentaron
con el fracasado Plan de “Solidaridad Tributaria”, ni mucho menos es factible
(económica y políticamente) utilizar mecanismos como el financiamiento masivo
de gastos corrientes por la vía de los bonos de deuda pública, en vista de los
abismales niveles actuales y al saberse que los recursos públicos son
absorbidos por la corrupción de toda la mafia gubernamental.
Este panorama aparece tal cual aun cuando la crisis no
impacta en su máxima expresión, por lo que parece sugerir que los primeros despidos masivos del
año están lejos de ser los únicos casos que se presenten en el próximo período; y aunque por ahora sean de corte
“preventivo” para evitar pérdidas en
momentos donde, a pesar de una dinámica
de decrecimiento y caída de rubros como la IED, no hay una caída abrupta del
PIB que rompa el frágil equilibrio económico , esto podría cambiar en los
próximos meses.
Con este contexto y tomando en cuenta los primeros signos, está
planteada la posibilidad de que se
desarrollen importantes luchas en respuesta a los ataques del empresariado, aún
en las dificilísimas condiciones que imperan en el sector privado para llevar a
cabo cualquier intento de organización y lucha.
Por eso los distintos medios de la burguesía nacional en
conjunto con los empresarios y el gobierno han tratado de invisibilizar los
despidos masivos y sobre todo los primeros ejemplos de lucha, en un intento por
evitar que el descontento y la indignación se propaguen como ocurrió en el 2008
cuando fue anunciado el cierre de Domino’s Pizza y los trabajadores quedaron de
la noche a la mañana en la calle.
Desde la LRS creemos que es necesario preparase para giros
bruscos en el terreno económico y político que muy posiblemente tendrán
expresión en profundas convulsiones sociales; por eso es un momento clave para
el reagrupamiento de fuerzas, que permita a partir de una estrategia de
independencia de clase respecto a los partidos empresariales y de aquellos cuyo
horizonte no rebasa el plano electoral, no sólo impulsar una solidaridad real desde
los distintos sectores con las luchas que protagonicen los trabajadores de la
ciudad y el campo, sino estar en las mejores condiciones posibles para
enfrentar la crisis capitalista.
En ese sentido es que venimos proponiendo constituir una
coordinadora contra el gobierno y la represión
a nivel universitario, en el marco de la cual la participación conjunta
en la jornada de lucha del próximo 25 de junio puede ser un primer paso.
Pero al mismo tiempo, creemos que es urgente construir una
coordinadora nacional de luchas, integrada por las distintas organizaciones de
trabajadores, campesinos pobres, estudiantiles y populares, cuyo objetivo sea
golpear decisivamente a los empresarios y al gobierno en su último año de
estafas contra la población trabajadora.
[1]”Textilera Jockey se va de Aserrí y deja a 500 sin trabajo”, La Nación, 19/1/2013
[2]“Fábrica
de lápices Facer-Castell cierra operación en la zona sur”, La Nación, 25/1/2013
[3] “Dole despedirá a 60 empleados para
seguir operando en Limón”, La Prensa Libre, 6 de Febrero de 2013. En el caso de
esta empresa no es la primera vez que ocurre, pues ya en el 2010 -con la crisis
aún focalizada en Estados Unidos- casi 400 trabajadores estaban bajo amenaza de
despido por el cierre de operaciones en
la zona.
[4] “Avianca-Taca despide a 261 empleados en
Costa Rica por reorganización de vuelos”. www.teletica.com,
17 de mayo de 2013.
[5] “Huelga
acabará hasta que la empresa afloje”, Diario Extra, 8 de junio de 2013.
[6] “Costa
Rica recibe menos inversión extranjera en zonas francas”, La Nación, 4 de abril
de 2013. Recientemente el Banco Central modificó las cifras relativas al nivel
de exportaciones de varias empresas que operan en régimen de zona franca ya
que supuestamente habían sido “duplicadas”. De esta forma no sólo ha quedado
expuesto un fuerte decrecimiento respecto al primer trimestre del año anterior,
asociado al impacto de la crisis en Estados Unidos y Europa, sino que la
modesta proyección de crecimiento económico de un 4% para el 2013, sería en realidad mucho
menor (“Economía de Costa Rica da señales de fuerte contracción”, www.elfinancierocr.com, 18 de junio de
2013).
[7] “200.000
trabajadores cotizan al IVM de la CCSS por menos de un salario mínimo”, La
Nación, 22 de mayo de 2013.
